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En la Colombia profunda, la que se encuentra flanqueada por la guerra y el abandono estatal, como lo es el Catatumbo Norte de Santander, los campesinos se organizaron en un movimiento social, que tenía como principal motor defender sus vidas y territorios. De allí salió la idea de un campesino que en representación de tantas voces abandonadas fuera al Congreso de la República, ese campesino resultó ser Alberto Castilla el cual en estos tres años y medio de trabajo, logró esto en el Congreso:

15 Proyectos de Ley y de Actos Legislativos de autoría propia, los cuales se agruparon en tres líneas: reconocimiento del campesinado como un actor fundamental en el desarrollo del país, garantizar derechos laborales (trabajadores industriales y actores), y en defender la producción de alimentos junto con los territorios.

22 debates y audiencias de control político que en su mayoria, abordaron el tema de lograr que el campo colombia sea fuente de vida digna, productiva ambiental y económicamente sostenible.

12 demandas y acciones jurídicas, encaminadas a garantizar el mecanismo de Consulta Popular, como herramienta para que los habitantes de cada pueblo, sean los que tomen las decisiones de permitir hacer o no proyectos minero-energéticos, tal cual como la que se desarrolló en Cajamarca, Tolima.

Después de tres años y medio abriendo campo al campesinado y las causas ambientales en función de proteger el agua, ahora junto con más personas se tiene un plan aún más ambicioso el cual buscará:

Aclarar una moratoria minero-energética, iniciando un espacio de debate y diálogo nacional para llegar a un nuevo consenso, sobre lo que los colombianos queremos respecto a una nueva política minero-energética.

Fortalecer las empresas de energía eléctrica departamentales y que se inicie la creación de una empresa nacional estatal de energía eléctrica.

Que se reconozca el derecho de las comunidades y poblaciones organizadas, a gestionar y manejar las aguas de manera colectiva, a través de acueductos comunitarios y distritos de riego, de esta manera se fortalezcan los acueductos estatales y comunitarios.

Declarar una prórroga al Fracking, y evaluar con mayores elementos técnicos sus impactos negativos, sobre las fuentes hídricas, los ecosistemas y los territorios.

Garantizar los procesos de consultas previas con comunidades étnicas y campesinas, que se respete la autonomía municipal para excluir, la actividad minera del territorio del municipio que así lo decida.

Mejorar las políticas de renta minero-energética cambiando la legislación sobre regalías, impuestos y compensaciones.

Reorientar el país hacia un cambio de modelo minero-energético, que sustituya las fuentes fósiles por las energías solar, eólica, térmica, maremotriz entre otras.

Estas son la síntesis del plan ambiental, pero su agenda legislativa va integrar el tema de seguir garantizando derechos laborales, el reconocimiento del campesinado, ciudades organizadas democráticamente e incluso componentes migratorios. El resto de las propuestas y todo su informe de gestión como senador se puede encontrar en la página web

www.albertocastilla.org

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