DECRETO 870 DEL 25 DE MAYO DE 2017-1

En el marco del posconflicto, la presidencia de la república de Colombia, en ejercicio de las facultades presidenciales para la paz, conferidas en el artículo 2 de Acto legislativo 01 de 2016, dispuso el decreto 870 del 25 de Mayo de 2017, donde este decreto de ley tiene una naturaleza instrumental, para facilitar el desarrollo de los puntos 3, 4 y 5 del acuerdo final con las FARC, pues este decreto alimenta la legislación establecida por pago por servicios ambientales, en cual se definen los siguientes criterios.

Desarrollar programas que permitan cerrar la frontera agrícola y protección de zonas de reserva, para esto el gobierno nacional debe construir, en un plazo no mayor a 2 años, un plan de zonificación ambiental, que delimite la frontera agrícola – ambiental, y pueda ser actualizado para ampliar los inventarios de caracterización de uso de las áreas, y así poder tener una manejo más efectivo.

Además involucra Parques Naturales Nacionales PNN, para trabajar con las comunidades, en la construcción de acuerdos para la erradicación de cultivos ilícitos, en este decreto describe con total claridad, que la implementación del acuerdo debe incluir enfoque Étnico, donde se reconocen prácticas territoriales ancestrales, en los usos y costumbres de los pueblos.

También explica en este documento, que los programas de pagos por servicios ambientales, respetaran los intangibles culturales de los pueblo y su forma de organización e interés social, se aplicarán en entornos ambientales y sociales que involucren estas formas; Sistemas de producción alimentaria sostenible y silvopastoriles, reforestación, Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y otras formas de organización de la población rural y economía campesina, todo esto entendiendo la necesidad de atacar los cultivos ilícitos, la tala ilegal, que produce deforestación, desertización y transformación del territorio, amenazando la biodiversidad del mismo y la pérdida de sus servicios ambientales. Por lo anterior hay que implementar con celeridad alternativas económicas, para las comunidades campesinas y así frenar la transformación ambiental, la pérdida de capital natural y las condiciones para el buen vivir.

Estos pagos por servicios ambientales, tendrán en cuenta a las organizaciones y personas, que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales, en zonas de cultivos ilícitos, y lugares donde existan conflictos por el uso del suelo, una política que busca fortalecer el campesinado colombiano, reconociendo costos de oportunidad productiva, permitiendo que la ruralidad implemente nuevas economías que no generen pérdidas de biodiversidad, con el fin fortalecer lazos de confianza entre las comunidades y el estado.

Los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, podrán hacer estos cobros Pago por Servicios Ambientales a las corporaciones autónomas regionales CAR, quienes son los encargados de administrar estos recurso, por lo cual es de vital importancia participar en esta política pública de conservación ambiental, que viene desarrollando un enfoque económico y social.

pago por servicios

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